La cláusula rebus sic stantibus en tiempos de pandemia

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Sin duda, la cláusula rebus sic stantibus ha sido con total probabilidad, uno de los fundamentos jurídicos que más se han invocado ante nuestros tribunales a lo largo del año 2020. Y eso, tiene mucho que ver con las por todos conocidas, devastadoras consecuencias económicas que ha provocado la pandemia de la covid-19, que dificulta cada vez más el que los operadores económicos puedan dar cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas con anterioridad a dicho hecho.

¿Por qué se ha alegado en los últimos meses de forma tan recurrente esta cláusula?

La cláusula rebus sic stantibus, que literalmente significa “estando así las cosas”, permite modificar el contenido de un contrato o resolverlo cuando concurren determinadas circunstancias sobrevenidas, de carácter excepcional y que eran imprevisibles en el momento de formalizar el contrato, que no son imputables a ninguna de las partes pero que suponen para una de ellas un perjuicio grave y excesivamente oneroso. La finalidad que tiene la aplicación de esta cláusula es restablecer el equilibrio de las prestaciones que existía en el momento de la perfección del contrato y que han sido alteradas por esos acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a los que nos referíamos, con base en las exigencias de la buena fe y en el principio de la equidad.

Hemos de apuntar que, se trata de una cláusula de creación doctrinal y jurisprudencial, cuya aplicación genera cierto recelo, puesto que supone una alteración o moderación del principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga). No obstante, la cláusula rebus ya fue invocada con éxito ante los tribunales con motivo de los efectos aniquiladores de la actividad económica derivados de la grave crisis económica y financiera que sufrió nuestro país a partir del años2008. Dicho extremo queda perfectamente recogido en una sentencia del reconocido jurista y hoy ex magistrado del Tribunal Supremo, D. Francisco Javier Orduña Moreno [STS 591/2014]:

La aplicación de la cláusula, en rigor, no supone una ruptura o singularidad respecto de la regla preferente de la lealtad a la palabra dada (pacta sunt servanda), ni tampoco de la estabilidad o mantenimiento de los contratos. Por contra, su aplicación, cifrada en una sobrevenida mutación de las circunstancias que dieron sentido al negocio celebrado, se fundamenta en criterios o reglas que también pueden definirse como claves de nuestro sistema codificado, ya que desde su moderna configuración la figura obtiene su fundamento último de las propias directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe.”

Por otro lado, debemos apuntar también alguna normativa que se ha estado dictando desde el inicio de la pandemia para paliar la desproporción exorbitante de las prestaciones contractuales, producidas por las constantes restricciones por las que se ven afectados ciertos sectores como el turístico. Sirva de ejemplo el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, elaborada por la Generalitat de Catalunya, el cual hemos abordado con mayor grado de detalle en otro artículo (véase https://www.legaltag.es/alquiler-locales-covid19/).

"La figura obtiene su fundamento último de las propias directrices del orden público económico, particularmente de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y del principio de buena fe.”

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Entonces ¿qué sucede en caso de que una norma ya haya previsto las soluciones a adoptar ante este cambio de circunstancias?

La reciente sentencia núm. 1/2021 de 8 de enero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, ha declarado que, en el caso resuelto, el hecho de que el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, hubiera previsto únicamente la mora del pago de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, no impide, que una parte, en el supuesto resuelto el arrendatario, solicite otra consecuencia jurídica distinta si entiende que con esa consecuencia, en el caso concreto, no se restablece el equilibrio contractual. Como dice la sentencia:

La promulcación del RDLey 15/2020 no impide acudir a la cláusula rebus sic stantibus como complemento del ordenamiento jurídico en aras a solicitar una medida que restablezca la equidad en el contrato si se considera que la moratoria que prevé dicha normativa no lo hace de una manera adecuada en el contrato de que se trate.”

Es difícil afirmar con rotundidad cuál será el devenir de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” durante lo que queda de pandemia, aunque numerosas solicitudes de medidas provisionales dirigidas a obtener una minoración del precio de alquiler, evitar la ejecución de garantías, el vencimiento anticipado de préstamos, han sido ya resueltas favorablemente. Lo que es indudable, es la ineludible aplicación casuística que ha de hacerse de la cláusula y el papel fundamental que juga también en los procedimientos de negociación de este tipo de supuestos.

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